Acusan por supuesta “conspiración” a comunicadora de PEN Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega acusó por supuesta “conspiración” contra el Estado a la comunicadora Andrea Margarita Del Carmen, Directora de Programas del centro PEN Nicaragua, clausurado hace más de un año. La Policía irrumpió en su casa para detenerla el día 14 de septiembre, pero ella no se encontraba en la vivienda y los efectivos se llevaron como rehén a su hijo, Gabriel López Del Carmen, encerrado en la cárcel de El Chipote y acusado por el mismo delito. Debido a la persecución policial, Andrea Margarita se vio forzada a abandonar el país.


PEN Internacional exige al régimen de Nicaragua la inmediata liberación de Gabriel López Del Carmen y el retiro de todos los cargos en contra suya y de nuestra colega, así como la excarcelación de los más de 205 presas y presos políticos recluidos en las prisiones del país de manera injusta y arbitraria.


Esto es parte de una nueva embestida policiaca-judicial, en la cual Ortega acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a 17 nicaragüenses, entre ellos cinco familiares de perseguidos políticos tomados como rehenes, y cuatro trabajadores del diario La Prensa (una reportera, una secretaria administrativa y dos choferes, ambos detenidos hace dos meses).



Cronista Miguel Mendoza en huelga de hambre para ver a su hija.

El periodista Miguel Mendoza mantiene una huelga de hambre en la cárcel para que se le permita ser visitado por su hija Alejandra, de ocho años de edad. El cronista deportivo fue condenado a nueve años de cárcel por publicar mensajes críticos al gobierno en Twitter y Facebook y está bajo régimen de aislamiento en la cárcel de El Chipote.


Sus 11 pedidos a la Justicia para permitir una visita de su hija no han sido contestados. Por eso, antes de visitarlo una vez al mes, su esposa Margine Pozo memoriza cada palabra que la niña le dedica, y se graba en la mente cada uno de los muchos dibujos que hace, para luego contárselo a Mendoza.


Solo 10 visitas de familiares le han sido permitidas en 15 meses de cautiverio, y bajo exageradas medidas de control. “Cuando llegamos a recepción nos revisan, me hacen desnudarme, que me quite la ropa”, relata Margine Pozo. “Para mí eso es agresión sexual. Lo hacen para evitar que uno lleve mensajes de los niños marcados en el cuerpo”, afirma.



***En otras informaciones***



Daniel Ortega profundiza autoaislamiento.

El gobierno de Nicaragua profundizó su aislamiento internacional al expulsar a la embajadora de la UE, romper relaciones diplomáticas con los Países Bajos y rechazar la llegada del nuevo embajador asignado de Estados Unidos.


La embajadora de la Unión Europea ante Nicaragua, Bettina Muscheidt, abandonó Nicaragua el 1 de octubre tras ser declarada non grata por el gobierno, en medio de fuertes críticas de Ortega contra la UE, que ha pedido el cese de represión y ha aplicado sanciones a decenas de funcionarios y allegados al mandatario.


Coincide, además, contra la fuerte arremetida del régimen contra la OEA, la ONU, Estados Unidos, el Vaticano y países que han cuestionado el cuarto mandato consecutivo que Ortega obtuvo en 2021, con sus rivales presos o en el exilio.


En este contexto, Ortega anunció a fines de septiembre la ruptura de relaciones con Países Bajos, a los que acusó de "intervencionistas" por suspender el financiamiento para un hospital. También vetó al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, y atacó con epítetos racistas al subsecretario de Estado, Brian Nichols.


El analista político Manuel Orozco declaró a la radiotelevisora alemana Deutsche Welle que Ortega quiere “autoaislarse” del mundo para eludir la condena internacional a su política represiva y no verse obligado a rendir cuentas.



Corte IDH demanda la liberación de 45 presos políticos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de 45 personas privadas de la libertad por motivos políticos y que se encuentran en ocho centros de detención en ese país.

El acto de notificación se realizó el 4 de octubre mediante una audiencia virtual desde la sede de la Corte en Costa Rica, con participación de representantes de los detenidos, pero con la notoria ausencia de representantes del Estado nicaragüense.


El secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, hizo lectura de la resolución en la que se dictan las medidas cautelares para que Nicaragua garantice la protección de la vida, la salud, la integridad, alimentación y libertad de esas 45 personas.


En el texto, la Corte considera que existen elementos para “determinar la existencia de una situación de extrema gravedad” y la necesidad de que se tomen medidas para proteger a estas personas así como “los derechos de los integrantes" de sus familias.



Colectivo de DDHH registra 150 casos de tortura desde 2019.

Un informe del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” registró 150 casos de tortura practicada en el país “con sistematicidad e impunemente” desde 2019 hasta octubre de 2022, por parte de funcionarios e instancias del régimen de Daniel Ortega.


Según el Colectivo, “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 215 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, y al menos 34 de ellas están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como Nuevo Chipote, donde se violentan los derechos más básicos que tiene toda persona privada de libertad”.


En el informe, la organización destacó la práctica de “tortura blanca” a los presos políticos: aislamiento, incomunicación, la escasez de alimentos, ausencia de atención médica oportuna, negación de recibir materiales de lectura y la falta de regularización de visitas familiares.


Además, alertó, los reos soportan, por parte de las autoridades, “falta de atención médica oportuna y especializada dirigida a erosionar el estado físico de personas presas políticas”.



Sacerdotes y laicos acusados de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.

Dos semanas después de que la Fiscalía acusara ante un juez a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, que durante 15 días acompañaron al obispo Rolando Álvarez, el 4 de octubre se conocieron los cargos imputados a los religiosos: “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.


El abogado Yader Morazán, en el exilio, dijo que los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Antonio Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Antonio Vega. También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno Sequeira, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.


Los siete están detenidos en ‘El Chipote’ desde el 19 de agosto pasado, cuando fueron trasladados por la Policía desde Matagalpa. El obispo Álvarez está aparentemente bajo arresto domiciliario y se desconoce su situación.



Sacerdote desterrado denuncia persecución contra la Iglesia católica.

El sacerdote Guillermo Trinidad Blandón, de la parroquia Santa Lucía en el departamento de Boaco, denunció que el gobierno le negó su ingreso a Nicaragua después de realizar un viaje a Jerusalén.


“Estoy sorprendido, nunca he tenido problema con la justicia, soy un sacerdote que simplemente he predicado la palabra de Dios, he caminado con mi pueblo, he llorado con mi pueblo, he sufrido con mi pueblo, he reído con mi pueblo”, dijo.


El padre Trinidad afirmó que existe una persecución gubernamental “que no solo se da conmigo, se da contra toda la iglesia”, y confió en que exista en realidad un diálogo entre el régimen y el Vaticano, que ayude a detener la injusticia, la represión y el acoso a sacerdotes, obispos y párrocos en Nicaragua.



Ortega arremete contra el Vaticano: la Iglesia es “una dictadura perfecta”.

Apenas días después de que el papa Francisco revelara que existe “un diálogo” entre la Santa Sede y el régimen nicaragüense, Daniel Ortega arremetió contra las más altas autoridades de la Iglesia católica, a la que llamó “una dictadura perfecta”.


“¿Desde cuándo los curas están para dar golpe de Estado y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia?”, se preguntó en un discurso frente a cientos de policías el 29 de septiembre. “¿Quién elige a los curas, a los obispos, al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da?”, continuó.


Para el antiguo guerrillero marxista, que ahora se define como católico, la Iglesia no puede hablar de democracia, porque “los obispos son nombrados de dedo de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, sino por un grupo de cardenales”, dijo en evidente alusión al papa Francisco.


“Todo es impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta”, afirmó Ortega.

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