Ojo en Nicaragua 15 dic 2022
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el 15 de diciembre al Ihi eb Bgobierno de Nicaragua a “liberar de inmediato a todos los detenidos” por razones políticas, y a iniciar “un diálogo nacional inclusivo” ante la grave crisis política que afecta al país desde 2018.
En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Türk actualizó un informe emitido por su oficina en septiembre pasado, indicando que persiste el “deterioro" de las libertades públicas en el país. El gobierno de Daniel Ortega respondió calificando de “infame” al Consejo.
“Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente” y a que “vuelvan a incluir a quienes fueron excluidos en la esfera política y social", dijo el alto comisionado.
También pidió al gobierno “que se respeten enteramente las libertades fundamentales de expresión y de asociación”, así como “entablar un diálogo nacional inclusivo, anclado en los derechos humanos”.
Türk destacó que su oficina está “dispuesta a trabajar” en esos temas con Managua, y solicitó se permita el ingreso de su equipo al país. Ortega ha negado reiteradamente el acceso de organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua desde fines de 2018, incluyendo a un Grupo de Expertos de la ONU nombrado en marzo pasado para investigar denuncias de abusos y represión.
Acusan penalmente a obispo y a dos periodistas de Matagalpa Los periodistas Manuel Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa (norte), y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, fueron acusados por el Ministerio Público el miércoles 14 de diciembre.
Los comunicadores, arrestados por la policía tres días antes, trabajaban con el obispo católico Rolando Álvarez, que administra la diócesis de Matagalpa. El prelado fue detenido el 19 de agosto y acusado formalmente el 13 de diciembre ante los tribunales por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
Monseñor Álvarez, muy crítico del régimen de Ortega, ha sido objeto de persecución por parte del gobierno desde hace meses. Se anunció que será sentado en el banquillo de los acusados el 10 de enero de 2023, en una audiencia inicial.
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote católico exiliado Uriel Antonio Vallejos, quien respondió a la acusación penal diciendo que en Nicaragua “los delincuentes están en el poder”.
Dagmar Thiel, directora de Fundamedios sede Estados Unidos, miembro de la red Voces del Sur, exigió su inmediata liberación de ambos periodistas, así como de las 240 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua.
Voces del Sur: persisten violaciones a libertad de prensa
Al menos 6 periodistas y un medio de comunicación de Nicaragua reportaron violaciones a la libertad de prensa durante el mes de noviembre pasado, de acuerdo con un informe de la red regional Voces del Sur divulgado el 12 de diciembre.
El informe incluye amenazas a dos periodistas por ejercer su trabajo, mientras otros cuatro profesionales “se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica”.
Entre ellos se menciona el caso del corresponsal de la agencia española de noticias en Managua, Luis Felipe Palacios, a quien el gobierno le impidió reingresar a su país después de un viaje a Panamá, a pesar de ser nicaragüense.
En otras informaciones
Régimen autoriza visitas familiares a presos en El Chipote Tras más de 80 días sin recibir visitas de sus familias, los más de 50 presos políticos recluidos en la cárcel policial de El Chipote fueron autorizados a tener “visitas especiales” de sus parientes más cercanos, incluyendo hijos y nietos que por primera vez ingresaron al centro penitenciario los días 7 y 8 de diciembre, en que el país celebra las festividades religiosas a la Virgen María.
Entre quienes pudieron compartir con sus familiares durante cuatro horas, tiempo durante el cual también almorzaron alimentos proporcionados por las autoridades de la cárcel, estaban los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, quienes recibieron la visita de sus hijos. En el caso de Mendoza, llevaba más de 500 días sin ver a su hija Alejandra, de 8 años de edad.
Una batería de agentes con cámaras fotográficas y de video registraron cada detalle de los encuentros familiares, sin solicitar autorización para filmar.
Los principales organismos de derechos humanos habían exigido al gobierno permitir visitas más frecuentes a los reos de conciencia, como lo manda la ley. Las autoridades policiales aseguraron que repetirán esas visitas los próximo 24 y 31 de diciembre.