El año 2023 inició en Nicaragua con un legado de dramáticas violaciones a las libertades fundamentales. La plataforma regional Voces del Sur (VDS) documentó 703 casos de violaciones a la libertad de prensa en el año 2022. El organismo declaró haber conocido de más casos, sin embargo, estos no fueron publicados a solicitud de las víctimas, por temor a represalias.
Según el monitoreo, el uso abusivo del poder estatal (498 casos), las agresiones y ataques (159) y el discurso estigmatizante (15) fueron las principales violaciones contra periodistas y medios. Las autoridades estatales y los operadores políticos del régimen son los principales emisores de discursos estigmatizantes a través de canales de comunicación oficialistas y pronunciamientos públicos.
Asimismo, VDS denunció una “marcada tendencia de agresiones a mujeres” de prensa y el continuo exilio de periodistas. Al menos 178 comunicadores han salido del país desde 2018.
SIP alerta sobre uso de instalaciones diario La Prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el 16 de enero de 2023 sobre las presuntas intenciones del gobierno de Nicaragua de ocupar las instalaciones del confiscado diario La Prensa para abrir un nuevo medio de propaganda oficialista.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que "alarma que, además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos".
El diario La Prensa se publica en forma digital fuera de Nicaragua desde que el gobierno tomó sus instalaciones el 13 de agosto de 2021, y el gobierno ahora está contratando personal que trabajaba para la empresa, debido a su conocimiento especializado en el uso de las prensas y demás equipos de producción del diario y de la imprenta comercial, señaló Greenspon.
La SIP recordó que continúa con su campaña por la liberación de Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, y la de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, sentenciados a 13 y nueve años de cárcel. También exige la anulación de las sentencias de Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Jaime Arellano, que están bajo arresto domiciliario condenado a ocho, nueve y 13 años de prisión, respectivamente.
Gobierno de Nicaragua niega ingreso a periodista costarricense
El gobierno negó el ingreso a Nicaragua al periodista y humorista costarricense Juan Diego Ramírez, quien pretendía visitar el país para hacer turismo con un grupo de amigos, según lo denunció el comunicador el 3 de enero de 2023.
Ramírez dijo que la policía lo retuvo en la aduana fronteriza de Peñas Blancas, que sirve a Nicaragua y Costa Rica, y que tras revisar sus documentos lo sometió a un interrogatorio “tendencioso”.
Tras una hora y media de retención, las autoridades migratorias le informaron que “no era apto para ingresar a Nicaragua”, según relató.
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Acusan al obispo Rolando Álvarez y dictan arresto domiciliario
Tras permanecer más de cinco meses retenido por la policía, el obispo católico Rolando Álvarez fue acusado formalmente el 14 de diciembre de 2022 por los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, y se ordenó la continuación de su arresto domiciliario.
El gobierno informó que el obispo de la diócesis de Matagalpa (norte) fue llevado a los juzgados capitalinos, donde fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas” en “perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Monseñor Álvarez es el primer obispo sometido a un proceso penal en Nicaragua. Durante su primer gobierno (1985-1990), Ortega se enfrentó a la Iglesia católica y ordenó la deportación a Honduras del obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Vega, pero no se practicaron juicios ni encarcelamientos de sacerdotes.
Declaran culpables a familiares de opositores a Ortega
El juez Félix Salmerón declaró culpables el 18 de enero a tres familiares del opositor Javier Álvarez, entre ellos su esposa e hija con doble nacionalidad francesa y nicaragüense, para quienes la Fiscalía solicitó condenas de hasta 10 años de cárcel.
Esta es la primera sentencia de culpabilidad contra familiares de un perseguido político, una estrategia que según defensores de derechos humanos comenzó a ser aplicada por el gobierno de Ortega el 13 de septiembre de 2022, cuando la policía arrestó a la familia de Álvarez al no encontrarlo a él en la vivienda.
Álvarez, un economista y opositor de perfil bajo que se encuentra exiliado, dijo que la Fiscalía pidió una condena de 8 años de prisión para su esposa Jeanine Horvilleur y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, y de 10 años para su yerno Félix Roiz, en un juicio que inició el martes y terminó este mediodía local.
Los delitos imputados por la Fiscalía y admitidos por el juez Félix Salmerón fueron “conspiración para cometer menoscabo a integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
“Van a condenar a inocentes por venganza”, dijo el opositor, que se define como “un ciudadano crítico y humanista”.
Dos días después, el 20 de enero, un juez local declaró culpable a Gabriel López del Carmen, acusado como supuesto coautor de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. La Fiscalía pidió una pena de ocho años de prisión, pendiente de ser ratificada.
Race and Equality: Régimen de Nicaragua rompe récords en violaciones a DDHH
El 2022 cerró punteando como el año con más clausuras de organizaciones no gubernamentales y un éxodo nunca antes visto en la historia de Nicaragua. Asimismo, este es el segundo año con más casos de personas privadas de libertad por motivos políticos (más de 225) en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, solo superado por los 674 casos registrados en el año 2018.
Al 30 de noviembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que existen 235 reos de conciencia, de los cuales 225 han sido detenidos arbitrariamente desde 2018. Al menos 16 de estas personas fueron arrestadas a inicios de noviembre, en el marco de las elecciones municipales, donde el gobernante Frente Sandinista extendió su control partidario a los 153 municipios del país.
Además de las mencionadas violaciones a la libertad de prensa, en 2022 también se produjo un éxodo inédito en Nicaragua. Al menos 328,443 personas emigraron este año, cifra que casi triplica a las 161,269 que salieron en 2021, período que también había marcado un récord en el historial migratorio del país.
Como parte de su política de “tierra arrasada” respecto de la libertad de asociación, el gobierno de Daniel Ortega clausuró en el año 2022 un total de 3,108 asociaciones sin fines de lucro, para un total de 3,182 oenegés cerradas desde noviembre de 2018.