El mes de septiembre inició en Nicaragua con nuevos cierres de medios de comunicación, exilios de periodistas y clausuras de organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno exhibió por primera vez a unos 27 presas y presos políticos que guardan prisión en la cárcel policial de El Chipote y cuyos familiares habían denunciado el progresivo deterioro de su salud.
Se exilia periodista cuyo canal de TV fue clausurado.
El periodista nicaragüense David Mendoza, dueño del clausurado canal de televisión RB3, de la norteña localidad de Río Blanco, abandonó Nicaragua a fines de agosto y solicitó asilo en Estados Unidos, según lo informó a medios de prensa. Mendoza dijo que cruzó el Río Bravo (frontera entre México y Estados Unidos) el pasado 30 de agosto junto a su esposa y su hijo de 10 años.
El director del popular canal RB3 denunció consternado el pasado 2 de agosto el cierre de su televisora por parte del Instituto de Telecomunicaciones, como parte de la clausura de casi una docena de medios de prensa independientes. Mendoza fundó hace 18 años su canal, que se convirtió en un referente para una vasta población rural del norte de Nicaragua.
Cierran otra radioemisora de la Iglesia católica.
El pasado 23 de agosto, horas después que el clero de la Diócesis de Estelí (norte) condenara en un comunicado la represión del gobierno sobre la Iglesia católica, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) canceló la licencia de transmisión de Radio Stereo Fe, que pertenecía a esa diócesis y divulgaba contenido religioso en la zona norte de Nicaragua.
El argumento de Telcor fue que la frecuencia de la emisora “fue autorizada en carácter personal” a monseñor Francisco Valdivia Lazo, quien falleció en 2021, por lo cual ya no puede seguir utilizando el espectro radioeléctrico.
“Condenamos el cierre de nuestra radio, donde mucha gente humilde de nuestras comunidades se alimentaban de la palabra de Dios”, señaló la administración de la emisora.
Publicidad estatal repartida entre familia y “leales”.
Una investigación de la publicación independiente Expediente Público reveló que desde en el primer semestre de 2022 el gobierno de Nicaragua gastó más de 180.000 dólares para “premiar” a empresas de publicidad, periodistas y medios de comunicaciones oficialistas.
Entre los favorecidos con grandes sumas de dinero figuran Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y director del canal 8 de televisión, el propagandista Joaquín Absalón Pastora, el canal 23 de televisión y emisoras radiales como Nueva Radio Ya, Radio Oxígeno.
Las empresas publicitarias Global Art, Nicaprint, Playmarketing y Comuntesa son otras entidades beneficiadas con recursos financieros del Estado, como parte de la estrategia de comunicación que maneja la vicepresidenta y vocera oficial, Rosario Murillo.
“Ortega está utilizando los recursos del Estado, los recursos de los nicaragüenses, para hacer propaganda a su favor”, declaró Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.
En otras informaciones
Gobierno exhibe a presas y presos políticos.
Los últimos dos días de agosto y el 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua exhibió por primera vez a 27 opositores presos en la temible cárcel policial de El Chipote, cuyos familiares habían denunciado que padecían hambre, incomunicación y enfermedades diversas que no estaban siendo atendidas.
Los detenidos fueron llevados uno a uno a la sede de los tribunales de Managua, para supuestas "audiencias informativas” que no existen como tales en el reglamento judicial, de acuerdo con expertos consultados.
En la exhibición pública, cuestionada por los familiares y por organizaciones humanitarias, fueron mostrados, entre otros, los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez, el líder empresarial Michel Healy, la dirigente opositora Violeta Granera, las opositoras Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, al igual que la mítica excomandante sandinista Dora María Téllez, protagonista de hazañas guerrilleras en los años 70, cuando Daniel Ortega proclamaba que Nicaragua jamás viviría bajo la bota de otro dictador como Anastasio Somoza, hasta entonces el más cruel y sanguinario de la historia.
Para la socióloga Sara Henríquez, defensora de derechos humanos y exiliada, Ortega exhibió a los detenidos para descalificar las denuncias de familiares que aseguraban que sus vidas corrían peligro. "Pero obtuvo el resultado contrario, pues esas fotos y videos solo reafirmaron que están siendo torturados, en aislamiento y pasando hambre", señaló.
Entre los detenidos presentados a estas audiencias informativas se encontraban los periodistas Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa; Miguel Mora, exaspirante a la Presidencia de Nicaragua, y el cronista deportivo Miguel Mendoza.
"La exhibición pública de las y los presos políticos no fue una prueba de vida. Fue una confirmación de que el régimen los somete a tortura psicológica al negarles luz natural, alimentación sana, derecho a leer un libro o a comunicarse con sus familias. Todo esto es ‘tortura blanca'", dijo Henríquez.
Agosto, el mes con más detenciones políticas de 2022.
El gobierno de Nicaragua desató en agosto pasado la ola más grande de detenciones por “motivos políticos” de 2022, según datos del Monitoreo Nacional Azul y Blanco y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Entre el 1 y 28 de agosto, se registraron 31 arrestos arbitrarios; de estos, 15 de por “motivos políticos”. De los 15 ciudadanos detenidos, según el Mecanismo, una fue desterrada a su país de origen, seis fueron liberadas y ocho siguen encarceladas: una bajo arresto domiciliar y siete en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote.
Entre las ocho personas que siguen detenidas figura monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, que está en casa por cárcel desde el 19 de agosto. También están encarceladas siete personas que acompañaban a Álvarez en la curia y que luego fueron trasladados a El Chipote: tres sacerdotes, dos seminaristas y un laico.
Aumenta a 205 cifras de reos de conciencia.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de personas encarceladas por motivos políticos aumentó a 205.
De ese total, 195 fueron capturadas en los últimos cuatro años, tras las protestas de abril de 2018, y 10 se encontraban ya en prisión. De los 205 presos políticos, 20 son mujeres, según el mismo informe.
En el registro figuran 16 personas (14 hombres y 2 mujeres) reconocidas como presas políticas y que fueron capturadas entre mayo y agosto de 2022, pero sus nombres han sido omitidos a solicitud de sus familiares.
En Nicaragua se han cerrado 1.775 ONG.
El pasado 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua clausuró otras 100 ONG, con lo cual se eleva a 1.775 la cifra de entidades sin fines de lucro cerradas desde 2018, la gran mayoría de las cuales fue ilegalizadas durante el presente año.
“De esta manera se consolidan los cierres arbitrarios de organizaciones de desarrollo comunitario, de mujeres, medioambientales, indígenas, autonómicas, de promoción social y derechos políticos que atendían a los sectores más vulnerables del país”, denunció el organismo de derechos humanos “Nicaragua nunca Más”, formado en Costa Rica por defensores nicaragüenses forzados al exilio.