Abren juicio contra hijo de integrante de PEN Nicaragua

La Policía de Nicaragua irrumpió el pasado 14 de septiembre en la vivienda de Andrea Margarita Del Carmen, directora de Programas del Centro PEN Nicaragua, con la intención de llevársela presa. Al no encontrarla, tomó como rehén a su hijo Gabriel López Del Carmen, de 35 años, para obligarla a entregarse. Desde esa fecha, el joven se encuentra detenido en la cárcel policial de El Chipote.


Ambos enfrentan una acusación por supuesta “conspiración”. Un juez local rechazó los argumentos de inocencia y detención ilegal del detenido presentados por la defensa, y programó el inicio del juicio contra Gabriel para el próximo 1 de diciembre. Andrea Margarita no es juzgada porque no se encuentra en Nicaragua, pero el régimen dictó una orden de captura en su contra.


La directora ejecutiva de PEN Internacional, Romana Cacchioli, rechazó categóricamente esas acusaciones. “Exigimos que se retiren todos los cargos y que Gabriel López Del Carmen sea liberado inmediatamente”, indicó en un comunicado.


PEN Internacional instó a la “comunidad internacional que condene las detenciones arbitrarias y proteste por la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua”.


La toma de rehenes forma parte de un nuevo patrón de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos. “En Chipote dijeron que mi hijo solo saldría libre si yo me entregaba”, denunció Andrea Margarita en entrevista al programa “Esta noche”, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.


Más de 30 organizaciones exigieron la libertad inmediata de Gabriel López del Carmen, hijo de la directora de Programas de PEN Nicaragua, Andrea Margarita Del Carmen, leer a continuación el posicionamiento:

https://pen-international.org/es/noticias/nicaragua-exigimos-la-libertad-inmediata-de-gabriel-lopez-del-carmen-hijo-de-la-directora-de-programas-de-pen-nicaragua


Descubren 39 “antenas falsas” que “vigilan” celulares en Nicaragua

Unos 39 dispositivos móviles de vigilancia capaces de interceptar comunicaciones telefónicas fueron detectados en Nicaragua, según un análisis de la organización South Lighthouse -dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos- y el estudio Fake Antenna Detection Project (FADe Project).


El estudio, publicado por el diario digital Confidencial el pasado 17 de octubre, revela el uso de dispositivos móviles de vigilancia, conocidos como IMSI-Catchers o falsas antenas de telecomunicaciones, en Managua y otras tres ciudades de Nicaragua.


Las falsas antenas o dispositivos móviles, utilizados para la vigilancia electrónica, fueron detectados en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, la Cancillería de la República, el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, residencias que acogen Embajadas, entre otros puntos.


Los dispositivos IMSI-Catcher actúan como falsas antenas que interceptan las señales telefónicas y capturan el tráfico de los dispositivos móviles, incluyendo llamadas convencionales, destino u origen de las llamadas, mensajes de texto, código de SIM Card, ubicación del teléfono y, en algunos casos, la escucha directa de la conversación telefónica, según el estudio.


Al menos 160 periodistas han huido de Nicaragua en los últimos cuatro años

Al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, según un informe divulgado el pasado 10 de octubre por la red regional Voces del Sur. La lista incluye a periodistas, trabajadores de medios de comunicación, comunicadores que trabajaban en proyectos en organizaciones de sociedad civil clausuradas, y divulgadores de organismos de derechos humanos, explicó Voces del Sur. Entre ellos se encuentra personal de redacción del diario La Prensa, y de los medios digitales Artículo 66, Confidencial, Despacho 505 Divergentes, Expediente Público, 100 % Noticias, Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, entre otros; así como corresponsales de prensa extranjera y de medios internacionales. Del total, al menos 121 periodistas se han exiliado desde mayo de 2021 cuando se inició una ola de arrestos en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del año pasado, que llevaron a la cárcel a más de 60 líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.


PODCAST | El asalto a la libertad de prensa se intensifica en América Latina y más allá


El National Press Club, de Washington, ha publicado su más reciente podcast sobre la situación de los periodistas en diversas regiones como Asia y América Latina donde los periodistas son cada vez más acosados, encarcelados e incluso asesinados por perseguir la verdad dondequiera que la historia los lleve. En esta edición, el copresidente del equipo de Broadcast/Podcast, Adam Konowe, entrevista a Rachel Oswald, presidenta del equipo de libertad de prensa del National Press Club, y a Dagmar Thiel, miembro del equipo y directora del grupo de defensa de la libertad de prensa en América Latina, Fundamedios, una conversación donde la situación para las y los periodistas en Nicaragua es señalada.


Escuche el podcast en el siguiente link:

https://www.press.org/newsroom/assault-press-freedom-intensifies-latin-america-and-beyond


En otras informaciones:


Policía arresta a otro sacerdote católico, suman 11 encarcelados

El sacerdote Enrique Martínez Gamboa se convirtió la tarde del 13 de octubre en el undécimo religioso católico que el régimen Nicaragua ha encarcelado en menos de seis meses, en un contexto de persecución religiosa rampante. La policía irrumpió en la casa de los familiares del presbítero, ubicada en Managua, donde él vivía. Fuentes de la Iglesia aseguran que fue trasladado a la temida prisión de El Chipote, pero hasta ahora la Policía Nacional no ha informado sobre su detención ni cargos.


“Fue secuestrado el sacerdote párroco de la parroquia Santa Martha, Managua. El padre Enrique Martínez. Los sacerdotes y la Iglesia Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia”, tuiteó el cura Uriel Vallejos, quien se exilió a finales de agosto pasado, después cuatro días de cerco en su parroquia, la Divina Misericordia, en el departamento norteño de Matagalpa.


Los policías ingresaron con violencia a la vivienda del padre Martínez y derribaron la puerta de la habitación donde se encontraba.


“Llegaron hasta el cuarto adonde él estaba y comenzaron a patear la puerta. Rompieron la puerta, la quebraron, lo sacaron a golpes y a empujones, y lo subieron a la camioneta. Él les dijo: ‘policías asesinos’, también gritó varias veces: ‘¡Viva Cristo Rey!’, “¡me llevan a la fuerza!”, confiaron a Confidencial fuentes cercanas a la familia del sacerdote.


Once curas han sido capturados en menos de seis meses en Nicaragua, hay dos condenados, un obispo bajo casa por cárcel y más de 60 religiosos han huido o han sido expulsados del país


Justicia argentina abre investigación penal a Daniel Ortega

La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.


La decisión la tomó el 5 de octubre de 2022 el juez federal argentino Ariel Lijo, a instancias de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien destacó que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.


Como primera medida, el juez dispuso el envío de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre supuestas detenciones ilegales y desaparición de personas, según se informó.


El gobierno de Nicaragua no ha formulado comentarios al respecto

Para el prestigioso jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor en temas de derechos humanos, existen suficientes méritos para juzgar por crímenes de lesa humanidad a Ortega, Rosario Murillo y su círculo de poder. “El ejercicio de documentación hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus diferentes informes y, específicamente, el informe que sale en diciembre del 2018 elaborado por el Grupo Internacional de expertos independientes, es absolutamente claro. Ese informe acredita el contexto del crimen de lesa humanidad”, aseguró Pineda.


OEA demanda cese de represión y liberación de los presos políticos

La 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) demandó la liberación de los presos políticos en Nicaragua y el fin de la represión a dirigentes y líderes de Ia Iglesia católica, en una nueva resolución sobre la "crisis política y derechos humanos en Nicaragua" aprobada el 8 de octubre en Lima.


En el primer punto del documento, aprobado por aclamación, se resuelve "instar al gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y a que se restablezcan plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; a que ponga fin a la intimidación y acoso judicial, administrativo y de otro tipo, contra periodistas, especialmente las mujeres y contra medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales".


Los Estados miembros de la OEA demandaron al gobierno de Nicaragua "que libere a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".


El texto destacó que el "empeoramiento de las condiciones económicas y políticas ha empujado a unos 250 mil nicaragüenses a huir del país desde 2018".


La Asamblea General de la OEA invitó a los Estados miembros a crear una comisión de alto nivel con el mandato de " ofrecer al gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes". El gobierno no ha reaccionado sobre el tema.

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