El 7 de julio de 2022, el gobierno de Ortega y Murillo arremetió nuevamente contra el diario La Prensa, al perseguir a un equipo periodístico de ese medio que cubrió la expulsión de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, cuya agrupación había sido previamente clausurada por el Parlamento.
Los conductores del periódico Mario Sánchez y Carlos Lam fueron detenidos y se les impuso una prisión preventiva de tres meses “para investigaciones”, mientras que las viviendas de un periodista y un fotógrafo fueron allanadas por la Policía esa misma noche.
La Prensa circula solamente en redes desde agosto de 2021, cuando sus instalaciones fueron ocupadas por la Policía, que aún permanece en el edificio, y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue arrestado y condenado a nueve años de prisión por supuesto “lavado de dinero”. "Responsabilizamos al régimen por lo que puede sucederle a cada uno de los trabajadores de La Prensa, víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales", expresó Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que protestó por esta “nueva embestida”. Censura abarca hasta los accidentes de tránsito
El informe de “Violaciones a la Libertad de Prensa” correspondiente al mes de junio 2022 elaborado por Voces del Sur, constató nuevas acciones restrictivas del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente, incluida la negativa de coberturas de accidentes de tránsito.
El informe documentó siete alertas y dio seguimiento a dos alertas generadas en 2021. En total se documentaron 67 casos de violaciones a la libertad de prensa. Destacó que el periodista Jacdiel Rivera, corresponsal del Canal 10 en el departamento de Madriz (norte), fue víctima de obstrucción de su trabajo cuando intentó cubrir una supuesta incautación millonaria de dólares y al tratar de grabar imágenes sobre un accidente de tránsito. “En pleno siglo XXI es inconcebible que en Nicaragua las coberturas de accidentes de tránsito sean censuradas”, destacó Voces del Sur, cuyo informe recopiló los casos de censura, cierre de medios, acoso y restricciones migratorias a periodistas durante el mes de junio pasado. “Lamentamos el aumento de los exilios forzados y demandamos al Estado salvaguardar la integridad de quienes se mantienen en el país realizando periodismo valiente, ético y humano”, señaló el documento. Lee el informe en el siguiente link. Gioconda Belli: Daniel Ortega busca “controlarlo todo” La poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta del clausurado centro PEN Nicaragua, reiteró su condena al reciente cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, a la cual pertenecía, y de otras organizaciones civiles, y aseguró que el objetivo del régimen de Daniel Ortega es “controlarlo todo”. “Controlarlo todo, eso es lo que persiguen: no dejar resquicios que permitan a la sociedad la independencia de organizarse autónomamente y funcionar para fines propios. Es un gobierno muy preocupado por el uso que haría el pueblo nicaragüense de su libertad. Por eso impiden que la tenga”, dijo Belli en una entrevista al Centro PEN Uruguay. Consultada sobre si debe mantenerse la distinción de Visitante Ilustre de Montevideo, otorgada a Ortega cuando este visitó la capital uruguaya en 2008, afirmó. “No me toca a mí decidir eso, pero cualquiera que se documente sobre lo que ha pasado en Nicaragua desde 2018, se dará cuenta de que el condecorado es ahora un dictador sanguinario de los que ya no se veían en América Latina hace décadas”. Lee la entrevista aquí. *En otras informaciones*
Expulsan a 18 misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta Una delegación de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad fue expulsada del Nicaragua el pasado 7 de julio hacia Costa Rica, en vehículos escoltados por la policía de Migración.
La comitiva religiosa fue obligada a abandonar Nicaragua tras el inexplicable cierre de la asociación, fundada por la Madre Teresa de Calcuta en Nicaragua en la década de 1980, durante el primer gobierno de Ortega.
En una entrevista concedida a la agencia Sir, las misioneras se mostraron sorprendidas por la decisión y la orden de abandonar el país de manera inmediata: “Nunca hicimos actividad política. Nuestro pensamiento siempre ha sido servir a los pobres. Por supuesto, el país está sufriendo, especialmente la Iglesia, que es perseguida. No hay libertad, pero la situación económica también es difícil, y cada vez faltan más puestos de trabajo", dijeron desde Costa Rica, donde fueron recibidas por el obispo de Tilarán-Liberia y luego encontraron alojamiento en la casa de las Misioneras de la Caridad de San José. El gobierno intentó evitar la cobertura periodística de este suceso, y como represalia la Policía persiguió al equipo del diario La Prensa que acompañó a las monjas hasta la frontera de Peñas Blancas (sur). Impiden ingreso de “Caravana por la vida”
Un día después de que la delegación de monjas fuera expulsada, el gobierno impidió el ingreso de una delegación de nueve diputados de partidos de izquierda latinoamericanos que pretendía constatar la situación de los casi 190 presos políticos que permanecen en distintas cárceles del país, 180 de ellos detenidos tras las protestas de 2018.
Mariano Rosa, coordinador de la llamada “Comisión por la vida y la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua”, dijo que la policía del país movilizó a unos 300 efectivos a la frontera para bloquearles el paso cuando intentaron internarse desde la aduana de Peñas Blancas, Costa Rica.
“Montaron un operativo militar descomunal de policías y paramilitares, en una actitud intimidatoria y amenazante”, denunció Rosa. “Con esta acción el gobierno demuestra que es una dictadura”, añadió el legislador izquierdista. El resto de diputados que intentaron visitar el país pertenecen a partidos de izquierda de Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. La delegación anunció que iniciará una campaña para “denunciar al mundo la violación de los derechos humanos” por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Ocupan instalaciones de Centro Humboldt y La Corriente.
Ese mismo viernes, la Policía ocupó las instalaciones de la agrupación ecologista Centro Humboldt y de la organización no gubernamental feminista La Corriente. Ambos organismos fueron clausurados en marzo y mayo de este año, respectivamente, como parte del cierre de casi 900 ONG, en su gran mayoría durante el último año, de las casi 6.000 asociaciones sin fines de lucro existentes en el país.
"'A todas luces, la cancelación de nuestra personería jurídica y la toma de nuestras instalaciones, es un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación'', denunció La Corriente. •