El más reciente informe de monitoreo del diario La Prensa y Voces de Sur documentó durante el mes de agosto de 2022 un total de 16 alertas y 72 casos de violaciones a la libertad de prensa, 65 contra medios de comunicación y 7 contra personas naturales.
El informe también documenta el cierre masivo de medios de comunicación de corte católico y comunitario, por lo cual instó al Estado a mantener separación de los poderes.
“Es necesario detener la cancelación de licencias de medios de comunicación católicos como represalia a las diferencias con la Iglesia Católica de Nicaragua; es obligación del Estado mantener separación de poderes e imparcialidad en cada una de sus instancias, dependencias y gestiones que realice”, indicó.
Denuncian redadas de opositores y capturas de familiares El régimen de Daniel Ortega ha implementado una nueva modalidad en su escalada represiva: el secuestro extorsivo y encarcelamiento de familiares de opositores políticos, denunciaron organismos de derechos humanos y organizaciones de la oposición.
A mediados de septiembre, la policía capturó a la esposa, hija y yerno del opositor Javier Álvarez Zamora, quien horas antes había cruzado la frontera de su país hacia Costa Rica para pedir protección internacional. Álvarez reveló que las autoridades le enviaron un mensaje: “solo las pondremos en libertad si usted se entrega”.
Estas detenciones coincidieron con varias redadas de la policía en contra de activistas y miembros del movimiento político UNAMOS en distintas zonas del país. Según el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), al menos 10 personas fueron capturadas en menos de una semana, para engrosar la lista de más de 205 prisioneros políticos recluidos en Nicaragua.
Nuevos casos de represión migratoria Durante el mes de septiembre el régimen de Nicaragua prohibió el ingreso al país de varios nicaragüenses, violentando la Constitución Política que garantiza el derecho de las personas a la libre movilización hacia y desde el territorio nacional, así como dentro del mismo.
Una de las afectadas fue la socióloga feminista María Teresa Blandón, cuya ONG La Corriente fue ilegalizada este año por el gobierno, junto a más de 1.800 organizaciones sin fines de lucro que han corrido la misma suerte. Blandón realizó un viaje de trabajo al exterior y, al regresar, se le impidió el ingreso al país.
Igual prohibición sufrió el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia del Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, quien había viajado a Miami; y el abogado Francisco Gutiérrez, propuesto como defensor del sacerdote Leonardo Urbina, encarcelado y procesado por supuesto abuso sexual.
“No hay asidero legal para impedir la entrada al país a un Nacional. Es una desfachatez y un crimen lo que han hecho” con los afectados, protestó la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez. ONU: 45 países condenan incremento de la represión Un grupo de 45 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron, en una carta conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega “ha seguido reprimiendo los derechos y libertades” de los nicaragüenses.
“Nicaragua ha seguido reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica de asociación y de religión; solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas las asociaciones médicas, entre otras. Doce universidades también han visto cancelada su personalidad jurídica, impactando el derecho a la educación. También empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse, y por el reciente cierre de 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica, especialmente en Matagalpa”; señaló el informe. Parlamento Europeo demanda liberación de obispo Álvarez En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, el Parlamento Europeo instó al régimen nicaragüense a restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias. Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados, señalan los eurodiputados.
En su sexta resolución sobre Nicaragua en la actual legislatura, el PE lamentó “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas”, así como las detenciones arbitrarias “únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”.
Los eurodiputados dijeron que el sistema judicial nicaragüense carece de independencia y es utilizado como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. El Parlamento muestra preocupación por la situación de los más de 205 presos políticos detenidos desde abril de 2018 y denuncia el trato cruel e inhumano del que son víctimas, añadió el informe.